La disolución del parlamento. Dimite el poder legislativo de su función esencial de elaborar leyes y con ello de su rol político.

En la mayoría de los países occidentales que se reconocen republicanos, acendrados en valores democráticos, el estado dividido en los tres poderes clásicos; ejecutivo, legislativo y judicial, restringe el accionar político (la decisión de la cosa pública) al primero de los poderes, dónde el poder es ejercido unipersonalmente (legitimado por la instancia electoral) dejando únicamente el rol de representación simbólica al legislativo, que en el mejor de los casos, es convocado para ratificar o rectificar una disposición del ejecutivo. El judicial funge como sostén normativo, de esta autocracia disfrazada de democracia, y por tal servicio, no se le exige ni demanda a sus integrantes ninguna de las prácticas democráticas con las que se condiciona al resto de los hombres de estado.  

El parlamento es una suerte de tribuna, integrada por unos pocos que pueden ver el partido desde dentro, representando a los millones de afuera, que en el mejor de los casos tendrán la posibilidad de ver el resultado final por otros medios, o enterándose más luego, entendiendo que nada de lo que ocurra dentro del estadio les cambiará demasiado sus vidas que se han transformado en un combate diario por no perder los elementos más básicos.

Estos hinchas, privilegiados por ser parte del juego, no llegan a tal lugar por otra capacidad o actitud que no tenga que ver con la entrega, abnegada o incondicional de sus instintos más básicos, por el regodeo de sus pasiones más exacerbadas las cuáles chocan con la multitud contraria, diseñada y armada para que lo dilemático, agonal, adversarial no signifique otra cosa que la dialéctica bipolar del amo y del esclavo. 

Sí las instituciones funcionasen tal y como han sido concebidas dentro del supuesto marco legal, no sería extraño que los parlamentos dejasen de existir, pero no por un golpe a la representación o un deseo de lo autocrático, sino porque han dejado de funcionar en su rol más fundamental y preciado. Es decir un grupo de ciudadanos, podría presentar ante el máximo tribunal judicial de su distrito la denuncia formal de la declinación institucional del accionar político por el cuál un parlamento debe su razón de ser, y el mismo en el caso de que le diera la razón a los demandantes, cumpliría, en forma independiente y observando y haciendo observar lo normativo, para corregir a tiempo los desvaríos actuales que nos llevan, lentamente, de una democracia apocada y en símbolo a una autocracia de hecho. 

En virtud de la comisión política del presente "Parlamento filosófico" constituído por ciudadanos libres que aún pensamos y nos expresamos bajo el principio del poder argumental.  Los ejes rectores del poder argumental, tienen que ver con una lógica horizontal, que se inicia en lo filosófico pero que se expresa en lo político. Un ritmo dinámico o líquido antes que rígido o pétreo. Unas condiciones materiales de funcionamiento que implique el espacio y el tiempo signado, por el transcurrir de lo real-inasible, en su traducción de lo virtual-real, como lo han sido las normas universales surgidas en la pandemia (un gobierno mundial) o como lo son las monedas virtuales o cripto-monedas.

El parlamento, asamblea o congreso, tras el dictamen como el presente que terminan de confeccionar sus integrantes (bajo modalidad colectiva) intercederá ante las restantes instituciones públicas para que la resolución emitida tenga un efecto concreto y palpable, como en este caso de advertencia clara y contundente, del agravio que significa y representa el que sin consulta, nos estén llevando de una democracia supuesta a una autocracia de hecho. 

Habiéndose constituido este poder en representación directa del saber, conocimiento o pretensión de los mismos o búsqueda de tales, la institución como tal de un poder argumental, puede vivir dentro o convivir con el resto de los poderes existentes, sin necesidad de que la existencia de este pliegue de un desarrollo irrevocable de lo humano, excluya las otros poderes instituidos por más crisis de legitimidad o utilidad que atraviesen estos.

Esta disposición de integrar las diferentes multiplicidades, no niega la identidad de quiénes crean en monopolios de ejercicios del poder, sin embargo, propone un entendimiento de la autoridad que vaya en sintonía con el discurrir de la expresión de alteridades, de otredades y de ipseidades para consensuar en una práctica de abordar los problemas cotidianos y reales desde una asunción de urgencias que establezca una lista de prioridades a ser resueltas.

Hemos dicho, nuevamente. 

En algún lugar como en todos, a los 10 días de octubre de 2026.

Dictamen de comisión política. Parlamento filosófico.